La economía del conocimiento (EdC) se caracteriza por la aplicación intensiva del saber para innovar, incrementar el valor agregado y aumentar la productividad de todos los sectores de la economía. Esto genera una presión creciente sobre el sistema educativo, que debe formar capital humano altamente calificado capaz de operar en entornos digitales, manejar información y producir conocimiento.
Existe una tensión fundamental: mientras la EdC requiere trabajadores con estudios superiores y competencias técnicas avanzadas, los indicadores educativos muestran que las provincias periféricas como Misiones presentan tasas de finalización secundaria y acceso a la educación superior menores que las regiones centrales. El sector de servicios basados en el conocimiento (SBC) concentra el 87% de trabajadores con estudios superiores, pero Misiones representa apenas el 0,6% del empleo formal en este sector a nivel nacional.
Es relevante señalar que, hasta el año 2019, Misiones mostró indicadores educativos relativamente sólidos en términos de calidad, con desempeños destacados en evaluaciones nacionales de aprendizajes y tasas de promoción escolar que superaban el promedio de provincias del NEA. No obstante, a partir de ese momento se observa un estancamiento en indicadores clave como la finalización de la educación secundaria y los resultados en evaluaciones APRENDER, coincidiendo con la implementación de políticas de economía del conocimiento que no lograron traducirse en mejoras estructurales del sistema educativo.
Las experiencias de educación disruptiva en la provincia pueden representar esfuerzos genuinos por actualizar las prácticas pedagógicas y acercar a los estudiantes a lenguajes, herramientas y competencias del presente. Metodologías activas, aprendizaje por proyectos, robótica educativa y espacios maker pueden contribuir a desarrollar pensamiento crítico, creatividad, colaboración y resolución de problemas. Estas iniciativas parecen no impactar aun en los indicadores más importantes, aunque pueden tener el potencial de enriquecer la oferta educativa provincial si logran integrarse de manera sostenida y escalable al sistema formal, evitando quedar confinadas a experiencias puntuales o destinatarios acotados.
El estudiante que egresa del sistema educativo en este contexto enfrenta un escenario complejo. Por un lado, se le exige contar con competencias digitales, dominio de idiomas, capacidad de aprendizaje autónomo y adaptabilidad a entornos cambiantes. Por otro, las trayectorias educativas reales muestran que muchos jóvenes no logran completar la educación secundaria o acceden a la educación superior, lo que limita sus posibilidades de inserción en empleos de calidad dentro del sector de la EdC. Esto genera una brecha entre las expectativas formativas y las oportunidades efectivas de inserción laboral.
Desde una perspectiva de derechos, la educación no puede reducirse a su función instrumental de formación de capital humano para el mercado. La educación es un derecho humano fundamental que debe garantizar el desarrollo pleno de las personas, la participación ciudadana, la inclusión social y el acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología. Las políticas de EdC deben articularse con el derecho a la educación de calidad para todos, evitando que la innovación se convierta en un privilegio para algunos sin mejorar las condiciones de aprendizaje para la mayoría.
La verdadera inclusión en la EdC requiere políticas públicas que articulen educación, trabajo y desarrollo productivo con perspectiva territorial, equidad social y enfoque de derechos. De lo contrario, la narrativa de la innovación puede funcionar como un relato legitimador que oculta la reproducción de desigualdades estructurales y escasa participación de amplios sectores del sistema educativo y del mercado laboral formal.